lunes, 31 de agosto de 2020

Fiscal De Luca reconoce ilegalidad del encarcelamiento preventivo



Ministerio Público de la NaciónFiscalía General N° 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal

 Breves Notas. Audiencia del 01/09/2020 a las 10:40 hs.


Exma. Cámara de Casación:

Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía Nº 4, en el expediente CFP

3017/2013/TO4/3/CFC50, caratulado:

“BÁEZ, LÁZARO ANTONIO s/INCIDENTE DE EXCARCELACION” 

del registro de la Sala IV, me presento y digo:

I.- Vengo a presentar breves notas para la audiencia prevista para el 1 de septiembre de 2020, a las 10:40hs.

II.- Llegan a esta instancia las presentes actuaciones en virtud del recurso de casación interpuesto por la defensa de Lázaro Antonio Báez contra la resolución del 4 de agosto de 2020 dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de esta Ciudad, que rechazó la efectivización de la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Antonio Báez, dispuesta el día 18 de marzo del corriente año, por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7, secretaría 13.

III. De la lectura del legajo advierto que nos encontramos nuevamente discutiendo la situación cautelar de Lázaro Báez, ahora en uno de los expedientes que se desprendieron de la causa madre CFP 3017/2013, y que el plazo legal de la prisión preventiva se encuentra superado. Como ya lo dije anteriormente el cómputo de los plazos a los que se refiere la ley 24.390 no puede escindirse en la cantidad de causas que se van desprendiendo de la original y computarse de manera independiente partiendo del momento en que el imputado es procesado en la nueva. Además, en este legajo, ni siquiera se abrió el debate.

Por lo tanto, resulta irracional debatir si corresponde conceder la prisión domiciliaria a Lázaro Antonio Báez por motivo de la emergencia sanitaria, porque el problema consiste en que el encarcelamiento preventivo ha superado en más de un año el límite legal y ese asunto debe ser tratado y resuelto aún de oficio por los tribunales.

Es todo cuanto tengo que dictaminar.

Fiscalía 4, 1 de septiembre de 2020.


Javier Augusto De Luca
Fiscal General



Diario Digital Ambito


DIARIO DIGITAL AMBITO

Juicio "Obra Pública" Más testigos rechazan el traspaso irregular de constructoras a Lázaro Báez  

 31 Agosto 2020 - 14:33

Sucesores de Adelmo Biancalani defendieron la venta de la firma a Austral. Y en conformación de una UTE incluyeron a IECSA de la familia Macri. Nuevamente, testimonios solicitados por la acusación no avalan la existencia de delitos.



En una nueva jornada del juicio de la obra pública declararon como testigos los hijos del fallecido Adelmo Biancalani, el fundador de una de las empresas que en 2006 adquirió Austral Construcciones. Ambos confirmaron que fue la familia la que buscó un comprador para que se hiciera cargo de las deudas.

Durante el debate, de manera semipresencial, hoy se hizo foco en las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), como una modalidad común para realizar obras públicas, de las que también participó IECSA, la firma que era de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.

Hasta ahora en el juicio que se sigue por la obra pública en el que una de las acusadas es Cristina de Fernández Kirchner, los testigos van derrumbando acusaciones que se hicieron a lo largo del expediente. Desde hace dos audiencias, testigos solicitados por la fiscalía han desvirtuado la sospecha de irregularidades en la compra de empresas constructoras que rodearon a Báez, una de las cuestiones que se había puesto bajo la lupa como originarias del delito investigado.

Fabio Biancalani, que estuvo durante un tiempo a cargo de la administración de la firma Sucesores Adelmo Biancalani antes de ser senador, ratificó que se constituyeron Unión Transitorias de Empresas (UTE), una de ellas con Austral, y recordó que hubo alguna con IECSA.

Antes de su testimonio, su hermana Sandra Biancalani fue contundente al confirmar que el proceso de adquisición por parte de Austral de la mayoría accionaria de la empresa Sucesores de Adelmo Biancalani, fue ante las necesidades por las que pasaba la firma.

Ambos confirmaron que la venta o cesión de la mayoría accionaria a Austral Construcciones se realizó en el marco de un proceso de transparencia, ante la pésima situación financiera de la firma de la constructora de Chaco que estaba en convocatoria de acreedores.

En primer término, Sandra Biancalani, ingeniera, y testigo solicitada por la fiscalía, declaró por videoconferencia desde una delegación de Resistencia. Contó sobre la historia de la constructora fundada por su padre, que se trasladó al Chaco desde 1956 para hacer obra pública en esa provincia.

Cuando falleció su padre en 1996, ella, sus hermanos y su madre se fueron haciendo cargo de la firma.

Sandra fue una de las administradoras judiciales, pero en 2002 cuando la empresa entra en concurso preventivo de acreedores, ella padece un proceso depresivo y asume su hermano Fabio. La testigo contó que ella se dedicó a la recomposición con los acreedores.

“Mi madre estaba desolada y propuso que busquemos un comprador para hacer frente al pago de las acreencias”, resaltó al confirmar que la transparencia del proceso de cesión a Austral.

Explicó cómo fue la venta tras una reunión con Julio Mendoza en el pasaje Carabelas al 200 la sede de Austral Construcciones en Buenos Aires. Arreglaron una cesión del 55 por ciento de la empresa.

La carta de intención se concretó en mayo de 2006 por medio de escrituras públicas. Se hizo una cesión de derechos y Austral quedo con el 55 por ciento de Biancalani

La negociación fue con Mendoza en una primera instancia, y después relató que en Resistencia se hizo cargo Carlos Joaquín Alonso. “Me puse muy contenta porque había sido compañero de la facultad”.

El precio que pagaron por la cesión, que no recuerda exactamente “nos ayudó a ir pagando a los acreedores”.

Tras el alejamiento de Alonso y de su hermano de la administración cuando éste último es nombrado senador, ella decidió alejarse y retirarse de la firma porque no formaba parte de las decisiones.

La mujer aseguró que nunca conoció a Lázaro Báez, en cambio su hermano dijo que sí lo había visto en unas tres oportunidades.

La testigo fue interrogada en forma insistente sobre las obras que se hicieron en Santa Cruz. Respondió que no tenía idea de ello.

A lo largo de la jornada, varios defensores que estaban en la videoconferencia, se opusieron a la forma en que la fiscalía preguntaba a la testigo, intentando acorralarla sobre las UTE entre Austral y Biancalani con posterioridad a la venta.

La fiscalía intentaba llevar a confusión a la testigo con preguntas que la misma ya había respondido, según advirtieron en varias oportunidades los abogados defensores.

También dejó en claro la testigo, que las empresas locales tienen ventajas operativas respecto de otras y recordó que su padre, en su momento, llegó a ser representante técnico de varias obras a la vez.


sábado, 29 de agosto de 2020

Entrevista Fm 93.3 Patagonia al Mundo

Comparto los links  de la entrevista que me hicieron 

el 29-8-2020 en la Radio FM 93.3 Patagonia al Mundo

1ra. Parte

 Este es el link no puedo subir el audio porque es muy pesado

 https://www.facebook.com/patagoniaalmundo/videos/vb.309757669755736/723575144892814/?type=2&theater

2da. Parte


https://www.facebook.com/patagoniaalmundo/videos/vb.309757669755736/649308255987019/?type=2&theater

viernes, 28 de agosto de 2020

Diario Digital Impacto Santa Cruz


Diario digital Impacto Santa Cruz

La defensa de Báez pidió la absolución y calificó la causa por lavado de «circo judicial»


El abogado del empresario pidió la «nulidad» de toda la causa, de las pruebas y de las acusaciones de las querellas y sostuvo que se trató de una «fenomenal persecución política y mediática con pretensiones electoralistas montada desde el Estado».

La defensa del detenido empresario Lázaro Báez pidió hoy su absolución en el juicio que se le sigue por presunto lavado de activos, al sostener que se montó un «circo judicial y mediático» contra el dueño de «Austral Construcciones» y sus cuatro hijos.

«Hemos demostrado hasta acá como el cuadro probatorio está formado por una serie de irregularidades, tergiversaciones» que «no permiten sostener la culpabilidad de mi cliente y muchísimo menos la de sus hijos y la de sus hijas», concluyó el abogado defensor Juan Villanueva.

El defensor pidió la «nulidad» de toda la causa, de las pruebas y de las acusaciones de las querellas y sostuvo que se trató de una «fenomenal persecución política y mediática con pretensiones electoralistas montada desde el Estado».

Para fundamentar se exhibieron en la audiencia videos de una visita periodística a la celda de Báez en la cárcel de Ezeiza y los de difusión de una escucha entre el empresario y su abogada.

«Escuchaban a mi cliente en la cárcel», dijo y advirtió que el «sufrimiento» de Lázaro Báez, de 64 años, en este proceso fue «violatorio» de los derechos humanos «en el que está con prisión preventiva desde hace 4 años y medio».

Se trató del final de un alegato en el juicio oral por presunto lavado de activos calculado en 55 millones de dólares, que se sigue a Báez, sus hijos y otros procesados ante el Tribunal Oral Federal N°4.
El defensor aludió a un «ridículo y vergonzoso círculo judicial y mediático» montado en la causa judicial en base a los dichos de un «delator premiado» cuya validez cuestionó por haber dado una «declaración ilegal y nula», en relación a Leonardo Fariña.

«Había una obsesión con bolsos, pozos, cuadernos, que impregnó las investigaciones judiciales que pudieron relacionarse con el gobierno anterior, nada de eso se probó en este debate y se siguen haciendo referencias en abstracto cuando no hay ninguna prueba que dé cuenta del traslado de dinero en bolsos desde Santa Cruz a Capital Federal», agregó.
La acusación «en este punto concreto es una vergüenza» agregó, al remarcar «las graves violaciones a los derechos humanos en este expediente», donde tanto Báez como sus hijos son «inocentes», concluyó.

El abogado aludió a una «caza de brujas del Medioevo» en la construcción de la acusación por la supuesta ruta del dinero y su posterior lavado, que «forma parte del objeto procesal de esta causa e indefectiblemente tiene que ser probado».

«Salvo que directamente renunciemos a probar hechos por los que después arruinamos vidas enteras. A menos que se crea que con creencias es lícito y válido arruinarle la vida a las personas, tirándolas en una prisión con penas efectivas», argumentó.


jueves, 27 de agosto de 2020

Diario Digital Infobae


La defensa de Lázaro Báez finalizó su alegato:

 “Si hubiera dicho algo a favor del anterior gobierno no estaría preso”


Por Nicolás Pizzi              27 de Agosto de 2020
npizzi@infobae.com

“Los hijos y las hijas no son responsables ni culpables”. Luego de casi dos años de juicio oral, Lázaro Báez intentó desmarcar a sus hijos de la maniobra de lavado de dinero que le permitió reingresar al país unos USD 55 millones.


En el tramo final del alegato, los abogados del empresario aseguraron que hubo una “persecución contra sus hijos” y destacaron que tres de ellos (Leandro, Melina y Luciana) “ni siquiera formaron parte de las apertura de las cuentas ni de la gestión empresarial”.

Además, insistieron adjudicar las acusaciones contra Báez a una maniobra política y pidieron su absolución. “Todos lo sabemos, si Lázaro Báez hubiera dicho algo a favor del anterior gobierno hoy no estaría preso”, afirmó uno de los abogados.

Los abogados de Báez dedicaron buena parte del alegato a tratar de deslegitimar la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña, al que se refirieron irónicamente como “testigo estrella”. Una y otra vez, lo calificaron de “mitómano”. Solo admitieron que “gestionó el crédito” con Nación Fideicomisos, pero aseguraron que el contador “Claudio Bustos se hizo cargo del desarrollo del negocio”.

Durante el extenso alegato, el abogado Juan Martín Villanueva, que se sumó a la defensa hace pocos meses, repitió varias veces que Fariña es un “mentiroso compulsivo y leyó varios segmentos de la causa de Dolores, donde nunca fue citado a declarar, para intentar instalar que su relato estuvo “guionado” por servicios de inteligencia.

Los abogados de Báez intentaron minimizar los vínculos de Báez con SGI, aunque la compra de esa financiera estuvo a cargo de Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. “Ninguna relación tiene nuestro cliente con la compra de SGI, Elaskar reconoció que nunca lo conoció a Báez y negó el relato de Fariña sobre la compra de SGI. Lázaro nunca concurrió a sus oficinas, ni lo vieron ni lo escucharon nombrar”, dijo su abogado.

Sobre los videos de La Rosadita, donde aparecían Pérez Gadín y Martín Báez, entre otras personas, contando billetes, el abogado aseguró que estaban “editados” y que “nunca se respetó la cadena de custodia” de los mismos. Además, reiteró que el dinero que se contaba en la financiera “era el producto de los terrenos de North Ville”, un condominio ubicado en Pilar.

En otro tramo del alegato, el abogado sostuvo que las querellas y la Fiscalía no pudieron probar el traslado de bolsos con dinero desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de San Fernando en los aviones de Top Air, la empresa aérea de Báez. “Los ochos pilotos dijeron que no vieron dinero en los bolsos”, advirtió.


Es más, sostuvo que “si (Báez) hubiera dicho algo a favor del anterior gobierno hoy no estaría preso” y que el Estado “se encargó de comunicarlo a mi cliente por varios canales”, en alusión a las negociaciones para un posible arrepentimiento, que nunca se concretó.


Sobre la acusación central de la causa, la maniobra de lavado de dinero, el abogado aseguró que “no está acreditado que el dinero provenga de una actividad ilícita” y buscó atacar los delitos precedentes elegidos por las querellas: la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad, y las causas sobre evasión.

“Los embargos y los decomisos dan cuenta de fondos millonarios que justifican los fondos depositados en el exterior y el reingreso al país mediante el mercado de Valores de Rosario. Los acusadores eligieron imputar hechos lícitos, posteriores en el tiempo, como delitos precedentes. Para los acusadores el tiempo es relativo. El tribunal debería admitir que tuvo el auto de Volver al Futuro”, ironizó el abogado defensor.

Llamativamente, luego de dos años de juicio, recién hoy Báez intentó desligar a todos sus hijos de la acusación, lo que sorprendió a varias de las defensas. Su abogado dijo que “hubo una persecución contra los hijos”. En el caso de Martín, que sigue detenido en Ezeiza, destacó que “solo fue incorporado al directorio de ACSA con un 5% de las acciones” y que no tenía “ningún tipo de conocimiento o participación en las decisiones”. Sobre Leandro, Melina y Luciana, destacó que “ni siquiera formaron parte de las apertura de las cuentas ni de la gestión empresarial”. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, cerró ese tramo.


Alegato 27-8-2020 Continuacion

27-8-2020 audiencia causa 3017 alegato final

CONTINUACIÓN

 HABLAN LOS ABOGADOS  DE LÁZARO BÁEZ

 Dres. ELIZABETH GAZARO Y JUAN VILLANUEVA

26-8-2020 audiencia causa 3017 alegato final

CONTINUACIÓN

 HABLAN LOS ABOGADOS  DE LÁZARO BÁEZ

 Dres. ELIZABETH GAZARO Y JUAN VILLANUEVA

miércoles, 26 de agosto de 2020

Causa Obra Publica


CAUSA OBRA PUBLICA

"Vialidad"

 Testigo dijo que no participó el Poder Ejecutivo en asignación de obras


25 Agosto 2020

El empleado de planta del Senado ratificó que la asignación de obra pública a provincias era tras las negociaciones en el Congreso.

Alejandro Álvarez sostuvo que las planillas eran aprobadas en la Comisión y que AGN auditaba. Y que la queja era por falta de ejecución. Santa Cruz, no era beneficiada.


Un testigo ratificó ante la Justicia que no se privilegió a Santa Cruz en la asignación de obras viales durante el gobierno de Cristina de Kirchner.

Se trata de Alejandro Álvarez, empleado de carrera del Senado de la Nación y quien llevaba adelante las planillas de obras.

Este lunes testificó en el juicio que tiene como imputada principal a la expresidenta. “No vi direccionamiento para alguna provincia en particular”, afirmó ante el Tribunal Oral Federal Nº2.

Es empleado de la Cámara Alta desde 1994, Álvarez llevó a cabo diversas tareas hasta que en 2008 pasó a ser asesor de  la comisión de Presupuesto y 

Ante las preguntas del Tribunal y convocado por la defensa de Lázaro Báez, explicó cómo es el procedimiento de asignación de las obras en la ley de presupuesto. Detalló que en función de una negociación política de todos los bloques y en base a los pedidos de gobernadores e intendentes, se incorporan las solicitudes a la planilla de obras y luego se “negocia” cual entra al Presupuesto. 

Su trabajo era ver técnicamente si cada obra se podía incorporar, es decir, si estaba en banco de datos del Ministerio de Economía y que la cartera de obras prestara el aval, entre otros pasos administrativos.


“No vi direccionamiento para alguna provincia en particular, lo que si pasaba era que cada bloque solicitaba obras”, afirmó. Y explicó que las obras que se incorporan están siempre supeditadas a la negociación parlamentaria y a lo que piden los gobernadores.

Para las defensas esta declaración es clave, ya que lo que buscan demostrar es que no hubo posibilidad de una designación directa desde el Poder Ejecutivo para cada obra, sino que cada una de ellas forma parte de un intenso debate y una negociación parlamentaria, de la que participan todos los legisladores y legisladoras.

En ese sentido aclaró que la aprobación de las planillas de obras es siempre por dictamen de la Comisión. Y aclaró, que en los años 2010 y 2011, las quejas de todos los bloques eran la falta de ejecución de obras y no al contrario. De esta manera, descartó que se hayan designado más obras de las necesarias.
Al igual que las últimas cuatro audiencias, el juicio volvió a girar en torno a los mecanismos constitucionales y habituales para la aprobación de la denominada ley de leyes. El testigo reiteró el detalle del recorrido administrativo por los diferentes ministerios, luego la Jefatura Gabinete, hasta que llega el proyecto al Congreso.
Entre las diversas preguntas, el presidente del TOF 2, el juez Jorge Gorini lo interrogó sobre los controles que podía hacer el Congreso de eventuales sobreprecios. Álvarez explicó que ese tipo de control le corresponde a la Auditoría General de la Nación y a la Bicameral de fiscalización de gastos del Estado, que tiene que aprobar los ejercicios de los años anteriores y trabaja en paralelo a los planes de auditoría de la AGN.
Según recordó el testigo, además, en los años investigados no hubo observaciones sobre obras viales o de cloacas, sino en materia de energía.



Alegato 20-8-2020 Continuacion


20-8-2020 audiencia causa 3017 alegato final

CONTINUACIÓN

 HABLAN LOS ABOGADOS EN LUGAR DE LÁZARO BÁEZ

 Dres. ELIZABETH GAZARO Y JUAN VILLANUEVA

POR ZOOM EN YOUTUBE DIRECCIÓN:








Alegatos 19-8-2020


19-8-2020 audiencia causa 3017 alegato final

HABLAN LOS ABOGADOS EN LUGAR DE LAZARO BAEZ :

Dres. ELIZABETH GAZARO Y JUAN VILLANUEVA

 POR ZOOM EN YOUTUBE DIRECCION: 






Espionaje en Ezeiza 14-8-2020

Revelan detalles de cómo operaba la banda de espionaje M en Ezeiza

Diario Perfil 14 de agosto 2020


Los informes que prueban el espionaje ilegal en la cárcel de Ezeiza Cómo se espiaba a presos y abogados. Cómo operaba la Unidad 50 del SPF.

 El canal de noticias C5N tuvo acceso a unos informes que prueban el espionaje ilegal en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y revelan cómo era la inteligencia armada para escuchar a los presos y sus abogados mientras mantenían reuniones en salas destinadas a este tipo de encuentros.

Además, el informe revela que el llamado Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) bajo el que se agrupaba a varios de los presos vinculados con la política “era una pantalla para tenerlos a todos juntos en un solo Módulo y así le daban visitas el mismo día, para acotar los días de intervención de la U.50”.

En otro de los tramos del reporte, surge que uno de los espiados en la cárcel de Ezeiza fue el Dr. Aníbal Fernández, a quien se lo siguió ilegalmente en la Sala de Abogados. “El mecanismo fue el siguiente: Aníbal, como todos los abogados debían dejar los efectos en un locker de la Sala y se llevaba la llave. La cuestión es que la 50 (la unidad de inteligencia del SPF) tenía una copia de cada llave de ese locker. Y una vez que ingresaba al Módulo para entrevistarse con los detenidos, los agentes de Inteligencia de la U.50 realizaban la apertura del locker y revisaban el teléfono (en especial de Aníbal) de los abogados que tenían la misión de espiar”.

En la misma línea el informe asegura que a Aníbal Fernández le revisar el auto todas las veces que fue al Complejo de Ezeiza y hasta le escanearon el GPS, y “según información, hasta le habían colocado un rastreador en el mismo”


Allanamiento Ezeiza 13-8-2020





martes, 25 de agosto de 2020

La Verdad

Declaraciones del Piloto 

Causa 3017/13







Así Comenzó Todo


5 de abril de 2016

Lázaro Báez fue detenido por orden del juez Casanello en el Aeropuerto de San Fernando


Mañana debe declarar como testigo y el jueves debe enfrentarse a Casanello en la causa por la ruta del dinero K


Báez decidió dejar el ostracismo en Santa Cruz y viajó hoy a Buenos Aires. Apenas pisó tierra, lo escoltó la Policía de Seguridad Aeroportuaria y quedó detenido en territorio bonaerense.

También fue detenido su contador, Sebastián Perez Gadín, quien debía declarar mañana en el juzgado de Casanello, en la causa por presunto lavado de dinero a través de la financiera ex SGI, conocida como La Rosadita, que tenía sus oficinas en un lujoso edificio de Puerto Madero.

El empresario cercano a la familia Kirchner permanecerá detenido en la Unidad de Investigaciones, ubicada arriba de la comisaria 23 de la Policía Federal, en el cruce de Avenida Santa Fé y Gurruchaga, en el barrio porteño de Palermo, hasta su declaración que podría producirse mañana o el jueves.

Por qué lo detuvieron

Fuente tribunalicias informaron que el juez ordenó la detención preventiva de Báez, al evaluar el peligro de fuga del empresario luego de que este abordara un avión privado en Santa Cruz, con destino a Buenos Aires.

Báez fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal cuando aterrizó su avión Lear Jet (matrícula LV-BPL).