CAUSA OBRA PUBLICA
"Vialidad"
Testigo dijo que no participó el Poder Ejecutivo en asignación de obras
25 Agosto 2020
Por Sofía Caram
El empleado de planta del Senado ratificó que la asignación de obra pública a provincias era tras las negociaciones en el Congreso.
Alejandro Álvarez sostuvo que las planillas eran aprobadas en la Comisión y que AGN auditaba. Y que la queja era por falta de ejecución. Santa Cruz, no era beneficiada.
Un testigo ratificó ante la Justicia que no se privilegió a Santa Cruz en la asignación de obras viales durante el gobierno de Cristina de Kirchner.
Se trata de Alejandro Álvarez, empleado de carrera del Senado de la Nación y quien llevaba adelante las planillas de obras.
Este lunes testificó en
el juicio que tiene como imputada principal a la expresidenta. “No vi direccionamiento para alguna provincia en particular”, afirmó ante el Tribunal Oral Federal Nº2.
Es empleado de la Cámara Alta desde 1994, Álvarez llevó a cabo diversas tareas hasta que en 2008 pasó a ser asesor de la comisión de Presupuesto y
Ante las preguntas del Tribunal y convocado por la defensa de Lázaro Báez, explicó cómo es
el procedimiento de asignación de las obras en la ley de presupuesto. Detalló que en función de una negociación política de todos los bloques y en base a los pedidos
de gobernadores e intendentes, se incorporan las solicitudes a la planilla de obras y luego se “negocia” cual entra al Presupuesto.
Su trabajo era ver técnicamente si cada obra se podía incorporar,
es decir, si estaba en banco de datos del Ministerio de Economía y que la cartera de obras prestara el aval, entre otros pasos administrativos.
“No vi direccionamiento para alguna provincia en particular, lo que si pasaba era que cada bloque solicitaba obras”, afirmó. Y explicó que las obras que
se incorporan están siempre supeditadas a la negociación parlamentaria y a lo que piden los gobernadores.
Para las defensas esta declaración es clave, ya que lo que buscan demostrar es que no hubo posibilidad de una designación directa desde
el Poder Ejecutivo para cada obra, sino que cada una de ellas forma parte de un intenso debate y una negociación parlamentaria, de la que participan todos los legisladores y legisladoras.
En ese sentido aclaró que la aprobación de las planillas de obras es siempre por dictamen de la Comisión. Y aclaró, que en los años 2010 y 2011, las quejas de todos los bloques
eran la falta de ejecución de obras y no al contrario. De esta manera, descartó que se hayan designado más obras de las necesarias.
Al igual que las últimas cuatro audiencias, el juicio volvió a girar en torno a los mecanismos constitucionales y habituales para la aprobación de la denominada
ley de leyes. El testigo reiteró el detalle del recorrido administrativo por los diferentes ministerios, luego la Jefatura Gabinete, hasta que llega el proyecto al Congreso.
Entre las diversas preguntas, el presidente del TOF 2, el juez Jorge Gorini lo interrogó sobre los controles que podía hacer el Congreso de eventuales sobreprecios.
Álvarez explicó que ese tipo de control le corresponde a la Auditoría General de la Nación y a la Bicameral de fiscalización de gastos del Estado, que tiene que aprobar los ejercicios de
los años anteriores y trabaja en paralelo a los planes de auditoría de la AGN.
Según recordó el testigo, además, en los años investigados no hubo observaciones sobre obras viales o de cloacas, sino en materia de energía.
