03-02-2021
MARTIN A. BAEZ
PALABRAS FINALES ANTES DE LA SENTENCIA
https://www.youtube.com/watch?v=e0yduN4uwAE
Uno por uno, los procesos contra la ex presidenta y miembros de su gobierno se siguen desarmando ante testimonios y peritajes concluyentes. Lo único que los mantiene en pie es la persistencia de la coalición política, mediática y judicial que maneja las causas, por inconsistentes que sean, y el sistema de comunicación. ...."
Obra pública
El juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación. En este año y siete meses, desmantelaron las imputaciones principales:
*Que se pagaron obras que no se hicieron. La discrepancia, según los testigos, fue de menos del 0,1 por ciento.
*Que Lázaro Báez patoteó a las otras empresas constructoras y las compró. Pasaron uno por uno los dueños de las compañías y dijeron todo lo contrario: sus empresas estaban en crisis, las negociaciones fueron normales y Báez demoró un poco en los pagos, pero cumplió.
*Que había atrasos en las obras de Báez. Se demostró que eran los atrasos parecidos a los de todo el país y de todas las empresas.
*Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Todas las obras se votaron en el Congreso Nacional y los presupuestos fueron armados por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes.
*Que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones, algo que no era inusual en otros distritos, donde empresas locales tienen la maquinaria y el personal en la zona y eso les permite ofertar más bajo que otros competidores. Aún mayor lógica tiene en Santa Cruz porque a pocas constructoras les tienta desplazar su maquinaria y personal a 1.800 kilómetros....."
07-01-2021
Entre las 1.420 propiedades que el Estado tasó y que pertenecen a Lázaro Báez, se entra el predio de Austral. La firma se activó doce días antes de que Néstor Kirchner jure como presidente de la Nación. Entre 2004 y 2015 fue adjudicataria de 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Para la justicia, todo respondió a licitaciones direccionadas y cargadas de irregularidades: sobreprecios del 65%, con obras que no se concluyeron al menos en un 50%, concursos donde sólo participaban empresas del mismo Grupo. Era un triunfo garantizado.
A la intemperie, soportando las inclemencias del tiempo, sobre la Ruta 3 -la misma que asfaltó Austral Construcciones- esas instalaciones sólo acumulan chatarra. Al ingresar a Río Gallegos se observa el predio rodeado de un alambrado que acumula basura arrastrada por el viento. En su interior, permanecen dos gendarmes custodiando las más de seis hectáreas. Recorren durante todo el día el lugar, corroborando que nadie haya ingresado, o que los pocos vehículos que tienen algún valor aún no sean vandalizados, como ocurrió meses atrás.
También deben velar por una playa donde esta flota de vehículos solía cargar combustible, y que se convirtió en un espacio para acumular materiales de la construcción que ya no se destinarán a ninguna obra: vigas, bloques de concreto, tanques de materiales y de nafta, chapones. Todo pernocta deteriorándose con el correr del tiempo y perdiendo su valor.
La imagen se completa con un acceso al predio principal donde aún permanece en pie el logo de la compañía. Quedan en ese camino de ripio las huellas de los reclamos de hace cuatro años, cuando se quemaron cubiertas después de que Báez -con la salida de Cristina Kirchner del gobierno- realizó un masivo despido de trabajadores. Una pequeña oficina de cada lado, donde solían registrarse los ingresos al predio, es otra huella de otros tiempos: sobre los escritorios, papeles tirados, sobres desparramados, sellos en desuso, más documentos con el logo de la compañía. Todo oscurecido por una capa de tierra.
Después del reclamo de uno de los más de veinte acreedores de Austral, la jueza comercial Gigy Traynor decretó la quiebra de la firma en junio de 2018. Desde que Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada, cesaron los contratos para la empresa.
La Justicia había ordenado que la Gendarmería custodiase el lugar. Pese a ello, los desmanes no pudieron evitarse. Hubo sucesivos ingresos ilegales al predio, y muchos vehículos fueron desmantelados para vender sus partes en la capital santacruceña. La familia Báez tomó conocimiento de esto, y los nuevos abogados de Norma Calismonte (ex esposa de Lázaro), dicen haber detectado a un grupo de personas que realizaron estas operaciones, y a quienes denunciarán en la Justicia.
Como un efecto dominó, ese deterioro se trasladó a otros obradores ubicados en distintos puntos de la provincia, sobre todo en cercanías a rutas donde nunca se terminaron los trabajos. Pese a ello, el anterior Gobierno tuvo a disposición un centenar de vehículos pesados pertenecientes a Austral bajo la figura de guarda judicial, y fueron utilizados para diferentes tareas por Vialidad Nacional.
La de Austral Construcciones es una historia en la Justicia que aún no concluyó. En el marco de la quiebra se le dio viabilidad a diferentes subastas de varias propiedades de la empresa. Todos los remates estuvieron a cargo de la Dirección de Subastas Judiciales que depende de la Corte Suprema de Justicia. Se remataron 24 departamentos ubicados en el barrio porteño de Coghlan, que se vendieron por encima de su valor base que se había fijado en 73.000 dólares 99.000, 120.000 y 130.000 dólares. Lo próximo será el remate de este predio gigante que sólo acumula chatarra y que Clarín visitó en el amanecer de 2021.
31-12-2020
30-12-20
PALABRA FINALES ANTES DE LA SENTENCIA
Acá les dejo el link de la audiencia del día de la fecha y el audio de mis ultimas palabras antes del que el Tribunal emita la sentencia, les agradezco a todos el apoyo y el acompañamiento dado durante estos duros años, a mi y a mi familia, a todos Gracias.
TELAM 30-12-2020
El detenido empresario Lázaro Báez sostuvo este miércoles que hubo una "persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial" hacia su persona, que derivó en la destrucción de sus empresas por "acompañar a un hombre que ha sido grande", en alusión al fallecido expresidente Néstor Kirchner.
16-12-2020
https://www.youtube.com/watch?v=OnH-PY0GGx0
https://www.youtube.com/watch?v=7S2LConnCgM
AMBITO
Se trata de Valeria Navaridas, quien formó parte del estudio ordenado por Javier Iguacel en 2016, al inicio de su gestión en la DNV sobre las obras viales en Santa Cruz. Se trata de la auditoría que usó el ex funcionario macrista para denunciar penalmente a Cristina de Kirchner. Según detalló la testigo se trató de un “relevamiento integral administrativo contable” poco habitual en esa época del año, ya que en los meses de diciembre y enero suelen dedicarse a tareas de cierre del año anterior.
“Verificamos que existían debilidades en materia de control interno. Gran parte de esto ya había sido relevado en el año 2012 y varias observaciones eran recurrentes”, dijo. Sin embargo, ante la consulta de las defensas reconoció que las “observaciones” de Santa Cruz fueron “de similar envergadura que en otros distritos”. Y que, en general, en todas las jurisdicciones “con los meses nos van informando y se van subsanando”.
Según dijo la profesional, “había un atraso en la rendición de cuentas por parte del Distrito y en la aprobación por parte de casa central”, pero que ninguna de esas demoras estaban relacionadas con la obra pública. En concreto habló de faltas menores como falencias en “caja chica, bancos, valores en garantía, valores de tercero, fondos de reparo y partidas a invertir”.
Lejos de los sobreprecios, el direccionamiento o las obras inconclusas que plantea la acusación, la testigo sólo pudo acreditar inconsistencias menores en Vialidad de la provincia patagónica. “¿Usted detectó que alguna de esas irregularidades haya incidido en alguna obra pública de Santa Cruz?”, interrogó una de las defensas. “Puntualmente yo no detecté nada”, respondió Navaridas.
El segundo testigo de la jornada fue convocado por la Oficina Anticorrupción y por la defensa de Lázaro Báez. Se trató de Gustavo Remet, ingeniero civil, auditor y luego inspector de obra en Vialidad Nacional, donde se desempeña desde 1994.
En una breve declaración debió responder la pregunta del abogado de Báez, Juan Villanueva: ¿Recibió alguna orden para disminuir los controles de auditoría en Santa Cruz? “No. No específicamente. El organismo puede aumentar o disminuir controles. Pero nadie, jamás me dijo específicamente que tenía que disminuir o incrementar los controles en esa provincia”.
La audiencia fue presidida por el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Lunes y martes de la semana que viene está previsto que declaren otros tres testigos, pero fue el cierre de los profesionales a los que Iguacel encargó el primer informe apenas asumió Cambiemos, y que hizo caer la urgencia de la denuncia penal.
AMBITO
POLÍTICA 14 Diciembre
Por Sofía Caram
Un verdadero tembladeral se produjo en el juicio “Vialidad”. Un auditor de carrera del organismo nacional negó las supuestas irregularidades en las obras de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015 y aportó cifras pormenorizadas para desmentir el pago de sobreprecios, lo que generó un fuerte cruce entre fiscalía y defensas.
Al mismo tiempo, criticó en duros términos la gestión de Javier Iguacel. Bajo juramento, el ingeniero Justo Pastor Romero aseguró que la DNV fue “diezmada” por el macrismo, que abandonó todas las obras de la provincia. “El patrimonio de los argentinos tirado a la basura”, sentenció.
En una de las últimas audiencias del año, la declaración que había sido propuesta por la fiscalía y a la que adhirieron todas las partes generó encendidos cruces entre el representante del Ministerio Público y defensas. Los dichos del testigo quedaron resonando en el Zoom del juicio a Cristina de Kirchner ya que no sólo habló de desvíos de el 0,006%, es decir, nulos, sino que también dijo que era mentira que las obras no existían y afirmó que quienes las abandonaron fueron los funcionarios de Mauricio Macri a partir de 2016. “Para hablar de sobreprecios habría que ver qué pasó con los contratos PPP (participación público privada) cuyos valores eran tres veces más altos” que en la modalidad anterior, se preguntó el declarante.
Experto en determinaciones de precios, con una trayectoria de más de veinte años en el área de auditoría, mediante cifras y cuentas exactas, el testigo hizo un pormenorizado análisis de cómo se llega a los valores de cada kilómetro a construir y demolió la hipótesis del pago de sobreprecios a la empresa Austral. El hecho detonó el enojo del fiscal de juicio Diego Luciani, quien pidió la anulación de ese pasaje de la declaración, que visiblemente comprometía su hipótesis delictiva. Por el contrario, las defensas solicitaron que el análisis de Romero sea sumado al expediente para contrarrestar la cuestionada pericia oficial, que usó índices de la revista “El Constructor” para analizar los costos. “Al fiscal lo que le molesta es el contenido de la respuesta. Al que le interesa realmente la verdad, no interrumpe al testigo. El fiscal habla de parcialidad de un testigo! Se tergiversan todos los principios”, se quejó el defensor Gabriel Palmeiro. Por su parte, el abogado Federico Paruolo recordó que el testigo fue justamente convocado por la fiscalía, lo que descarta que haya sido manipulado por las defensas. Esto “demuestra que el Ministerio Público no está a la altura para llevar adelante este juicio. Acusó sin pruebas a las defensas de haber preparado un testigo. Pidió cercenar una declaración de un debate. Es garrafal. Todo porque no le gusta el testigo”, afirmó por su parte el abogado Mariano Fragueiro Frías.
Presidido por el juez Andrés Basso desde su casa, por haber estado en contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19, el TOF2 definió la controversia entrada la tarde. Tras una hora y media de deliberaciones decidió no hacer lugar al pedido de la fiscalía para cercenar una parte de la testimonial. Al mismo tiempo ordenó incorporar copias de los apuntes con los valores que usó Romero para luego ser contrastados en el expediente, como reclamaron las defensas.
La auditoría de Iguacel
Romero fue uno de los dos profesionales que firmó la auditoría express ordenada por Iguacel a los pocos días de asumir. Al igual que ya declaró su compañero, Martín González Oria, afirmó que sólo les dieron dos semanas para recorrer todas las obras santacruceñas y que por primera vez en la historia de Vialidad se utilizó un informe interno para iniciar una causa judicial. Sus dichos fueron contundentes: “Para nosotros fue un hecho inédito. Sorpresivo. Nuestros informes jamás habían sido utilizados para nutrir una causa judicial. Poco les importó nuestro informe, porque después en ese Distrito no se ha realizado una sola mejora. No escucharon nuestras recomendaciones y las obras fueron abandonadas, con el perjuicio que eso significa para el Estado Nacional”. Según aclaró, “las deficiencias que se advirtieron fueron mínimas” y todas las obras que se habían licitado, existían. “No entiendo cuál fue el razonamiento que hizo el ingeniero en petróleo Iguacel para hacer una denuncia a partir de nuestro informe”, remató. El profesional detalló el nivel de premura y presión ejercido por las nuevas autoridades y dijo que en aquel momento tuvieron miedo de ser despedidos. En total, recorrieron 16 mil km de vuelo y 6 mil km de ruta para observar los 2.200 km donde se habían ejecutado las obras. Todo, en solo dos semanas. “Eran jornadas muy extensas, de hasta dieciséis horas de duración. Fuimos sometidos a una situación difícil para hacer todo eso en quince días. Gattoni nos dijo que teníamos hoteles para alojarnos pero no fue así. Tuvieron que gestionar los compañeros de Santa Cruz para alojarnos en viviendas de Vialidad Provincial. Fue una explotación”.
Al dejar entrever cierto tono de desahogo y una fuerte voluntad de hablar ante el TOF, Romero relató: “Los medios, o el programa del señor Lanata decían que las rutas iban al medio de la nada o no existían. Yo me preguntaba cómo puede ser que habiendo un control interno, integrado por la AGN por la Sigen, que ese sistema haya sido todo alterado. Y cómo mis compañeros o colegas en Santa Cruz no hayan visto semejante cosa. Pensar que esas obras no existían es pensar que todo el sistema público de control había sido vulnerado. Y eso se comprobó que no era así. Se comprobó que las obras existían”. Y agregó que “lo más grave es que estas obras fueron abandonadas” durante el gobierno de Macri. “El patrimonio de los argentinos, miles y miles de pesos tirados a la basura”, se lamentó.
En más de una oportunidad el testigo señaló un desconocimiento en materia de obras viales que denota el andamiaje de la denuncia penal que hizo “el ingeniero en petróleo” (en referencia a Iguacel) y sobre lo que luego avanzaron el juez Julián Ercolini y los ficales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Sobre todo en cuanto a los supuestos sobreprecios.
Un escalón más arriba, el auditor afirmó que el verdadero direccionamiento ocurrió por parte de las autoridades macristas: “auditar una sola provincia fue algo direccionado por las autoridades de entonces. No es así como trabajamos en Vialidad”, sentenció. “Ni siquiera nos preguntaron si queríamos que utilizaran nuestros nombres para hacer una denuncia. El informe no fue utilizado con el propósito de corregir las cosas que estaban mal, sino de hacer una denuncia. Y hoy estas obras ya están alcanzando la condición de ruina de obra”. Al recordar lo sucedido en los últimos años, Romero se lamentó: “a veces me preguntan por una línea que falta pintar, pero el mayor perjuicio para el patrimonio nacional son las obras que fueron abandonadas en 2016 y que cuando se quieran retomar ya no se va a poder”.
Pero Romero, en más de siete horas de declaración, fue todavía más allá. No sólo desmintió y rebatió las bases de la acusación y aportó cifras que desmintieron los supuestos sobreprecios, sino que además avanzó en lo que para él fue un “desguace” de Vialidad por parte del macrismo. Cuando fue consultado por la capacidad de control del organismo, Romero respondió sin vacilar: “Vialidad fue diezmada por la gestión de 2016 a 2019, sobre todo respecto del personal técnico”.
En otro pasaje de su declaración Romero se refirió al accionar de la gestión del macrismo en Vialidad puntualmente en un caso en el que se contrató a una empresa privada para llevar adelante una auditoría. Según afirmó “se pagaron 400 mil pesos por el trabajo de una consultora privada llamada “Consulbaires”. Sin embargo, según explicó “el trabajo lo hizo Vialidad Nacional, con personal y equipos del organismo mientras que el personal de la empresa privada estaba cruzado de brazos y tomando nota”. Una muestra más de la impronta que le dio el gobierno de Mauricio Macri a todas las áreas del Estado.
9-12-2020
LA VERDAD EL MUNDO AL REVES
La Cámara de Casación Penal ratifico la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido, deseo recordar que la Ley 27304 en su Art. 6 lo deja bien claro, en la modificación de su Articulo 1° “ Sustitúyase el artículo 41 ter del Código Penal lo siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles.
Me lleva a reiterar que la mayoría de los alegatos expuestos ante el Tribunal por todos los defensores de los acusados, no fueron tomados en cuenta por la Fiscalía, en las registraciones de las declaraciones recibidas en el marco del acuerdo de colaboración, como reza el -art. 6 de la Ley 27304- por el testigo arrepentido Leonardo Fariña en relación a la validez del acto en sí, consideró un fallo nulo al igual que su falsa denuncia, comprobada y denunciada y hasta desmentida por su propia abogada, quien declara haberlo preparado con temas de la Obra Publica y la Construcción, me refiero a la Dra. Gisella Robles, contratada por el Agente de la Agencia Federal de Inteligencia Dr. Raúl Copes, hoy fallecido, y tampoco fueron tomados en cuenta, mas aun el Fiscal Carlos Stornelli y el fallecido Juez Claudio Bonadío, hicieron fehacientes su declaración sin un registro fílmico o de un audio como marca la Ley del Arrepentido, quedando en evidencia la mala fe y la predisposición maliciosa de hacer justicia, sin respetar al Poder Legislativo quien la promulgo,la pregunta que me hago, “ el Fiscal Córdoba es digno y probo haciendo justicia o responde a intereses espurios que lo llevan ciegamente a taparle los ojos a la justicia”, mas aún, no respeta la ley escrita y aprobada por el Congreso Nacional quien la promulgo.
Cuando la Cámara de Casación ratifica la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido, debo entender que estaba en conocimiento que en otros juzgados, como en Dolores y en Lomas de Zamora, ya que fue publico y notorio las declaraciones que la Dr. Robles, contratada por la Agencia Federal de Inteligencia del Gobierno de Mauricio Macri, a través de la AFI, “Preparo y Guiono” al arrepentido Fariña, primero por mensajes de texto y luego personalmente en las Oficinas de sus abogados en los alrededores de tribunales de Caba, en aquel momento, Fariña tenía poca libertad de movimientos por su incorporación al programa de protección de testigos. Las libertades las estaba negociando en esa época con el ministro de Justicia, Germán Garavano. Por lo tanto, el arrepentido sólo podía concurrir a determinados lugares, entre ellos la oficina de sus abogados, cuyas pruebas fueron presentadas por la Dr. Robles ante la Justicia, expresando... “Sí, yo entrené a Leonardo Fariña para que declare sobre la obra pública. El no tenía la menor idea sobre obra pública. Después, en su declaración y hasta en la televisión, usaba mis palabras, utilizadas en el Juicio para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y demás acusados, tal como lo pacto Fariña con la AFI.y el Gobierno de Cambiemos.
Allí se realizó el encuentro. Fariña sostiene que lo que surge de los mails le fue enviado por sus abogados, Franco Bindi y Giselle Robles, lo que no cambia nada: se trató de una declaración guionada y por lo tanto falsa: le dijeron lo que tenía que declarar. El dice que quienes lo guionaron fueron sus abogados y sus abogados sostienen que fue la AFI.
Lo concreto es que la doctora fue contratada por la AFI y presenta no sólo su versión del entrenamiento sino la documentación que se movió, para preparlo a declarar.
Como Fariña había declarado como arrepentido contra Báez y solo había contado que vio una supuesta maniobra de dinero, quedaba todo como un delito menor, pero el punto que buscaba el Gobierno de Macri era involucrar a CFK, en el origen de ese supuesto dinero, por lo tanto necesitaban que Fariña, hablara sobre la Obra Publica de Santa Cruz y expresara acusaciones para responsabilizar en el tema a la ex Presidenta, motivo por el cual contrataron a la Dra. Robles para tal fin.
En su voto minoritario, la Camarista Figueroa consideró que debía dictarse la nulidad de las declaraciones de todos los imputados colaboradores en el marco de la ley 27304, del Arrepentido, por "violación al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa" y por las "deficiencias procesales" en la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadío.
Anteriormente al fallo de la cámara comenzaron a apoyar las declaraciones de Fariña los integrantes de Cambiemos, llámense las armadoras de causas Carrió, Oliveto y Zuvic, con los periodistas pagados por Clarín para fogonear e instalar en la población los falsos actos de corrupción, tanto de la ex Presidenta como la de los imputados por la Obra Publica, fue tanto el armado y la extorsión vaya uno a saber, que hicieron con los empresarios que hasta cometen el error a mi entender en declararse culpables de algo que no es legal, “Toda Persona es Inocente hasta que se demuestre lo contrario”, y ninguna persona puede declarar en su contra”, pero las amenazas sufridas por los arrepentidos y las que han pasado y que algunos me hicieron llegar “Off The Record” no pudieron soportar que se metieran con la familia.
Asimismo en el Programa Televisivo de Animales Sueltos, el Dirigente Gastronómico Luis Barrionuevo, hace publico que el retuvo 6 meses a Elaskar y lo preparo para que declare en contra de Lázaro Báez, para esto la justicia ni lo llamo a ratificar o rectificar sus dichos hasta la fecha.
Tiempo después, estallaban las denuncias por las escuchas ilegales de los detenidos donde, también el Gobierno Macrista, el Servicio Penitenciario Federal, la Agencia Federal de Inteligencia, junto al Jefe de los espiás Arribas y su segunda Magdalani, son llamados a declarar, por estas acusaciones, sin antes pasar por el falso Abogado D’Alesio que se reunía con la Sra. Carrió, y Stornelli, también para seguir armando causas en contra de la ex presidenta y los empresarios de Santa Cruz.
Sin olvidar que el fiscal Carlos Stornelli fue el que orquesto toda la trama del armado de los arrepentidos, sin cumplir con la Ley que debe respetar para hacer justicia, no filmando, ni grabando audios de las declaraciones de los arrepentidos, porque se sabrían las extorciones y amenazas, que les decía, como en mi persona que me ofrecía el oro y el moro para que mancillara el nombre de Néstor Kirchner y su esposa y declarar que eran los responsables de todo, hasta si nevaba en Santa Cruz, es por ello que no soporto mi negativa y me encarcelo y mas aun a mi hijo Martín Báez, que aun purga una detención ilegal en Ezeiza sin condena y en mi caso me dejo 4 años y medio, incumpliendo con todas las leyes vigentes de nuestra Constitución Nacional, el Código Procesal Penal y los Códigos Internacionales sobre los Derechos Humanos
El caso del arrepentido exhibe la forma en la que se armaron declaraciones en distintas causas. Fariña repitió lo que le mandaron en los mails, lo transcribió en su declaración y hasta lo tuvo memorizado para decirle en algunos medios.
En aquel momento, el expediente con el que se acusa a Cristina, Julio de Vido, Roberto Barata, Báez y muchos otros estaba en crisis porque la auditoría mandada a hacer por Javier Iguacel, entonces titular de Vialidad Nacional y el más acérrimo funcionario anti-K, concluyó que sólo había un 0,1 por ciento de diferencia entre lo pagado y lo construido en las rutas de Santa Cruz.
Que mi empresa “Austral Construcciones SA” haya ganado 51 licitaciones de las 81 que se hicieron en Santa Cruz no marcaba un delito, ya que pocas empresas querían construir allí, por el frío, el viento y la complicación de transportar maquinaria y personal a 1.800 kilómetros de la Capital Federal. Ante esas dificultades en la acusación, la declaración de Fariña resultaba de máxima importancia: iba a involucrar a todos. Hoy en día, casi todo lo que se le atribuye a CFK –Hotesur, Los Sauces, fotocopias de los cuadernos– tiene anclaje en la obra pública, de manera que el aparato judicial-político-mediático no podía permitirse que naufragara ese expediente. Buena parte de los atrasos en las obras eran por demoras en la expropiación de terrenos, ya que habían sido invadidos con viviendas o porque aparecieron caños de YPF o cables subterráneos de empresas públicas. En cualquier caso, los atrasos de mi empresa fueron similares al de las otras empresas.
Como el Gobierno de Macri a través de la AFI, presiono al juez Luis Carzoglio para que metiera preso a Pablo Moyano, también intervino la Mesa Judicial Macrista en el armado y entrenamiento de la declaración de Fariña. Para eso contrató una abogada especialista y le redactaron todo lo que tenía que decir. “Quedó a la vista toda la Mentira Armada”.
Ahora yo me pregunto si después de todos los Alegatos y declaraciones de los acusados, donde dejaron claro que no hubo “Delito Alguno” y un fiscal, pico toda la Provincia de Santa Cruz, y reventó mis propiedades, buscando algo que diera motivo a la causa armada y declarada falsamente y comprobada realizada por Leonardo Fariña, la Justicia va ha seguir adelante con esta farsa que los esta llevando los armadores de causas, también denunciadas y siguen saliendo todos los días, denuncia tras denuncia de todo lo ilegal cometido, seria de hombres de bien una ves en sus años de Justicia, que no le den veracidad a las mentiras de un mitómano compulsivo que no responde a sus intereses, sino a los que lo eligieron para cometer semejante delito y hacer detener a personas y acusarlas mancillando sus nombres y apellidos de hombres y mujeres que ya están en la historia.
Solo les digo señores Fiscales y Jueces, que la historia los va a juzgar, no por hacer justicia, sino por seguir el capricho de un Gobierno que dijo ser Democrático y lo que realmente hizo, fue utilizar el Poder de turno para ejercer actos ilegales y delictivos con las Instituciones de la República, acompañados por Diputadas que transpiran barro, escudadas por sus fueros y por periodistas pagos que seguían directivas, internas y externas.
Si todo esto no se llama “el Mundo del Revés”, como lo llamarían !!!
24-11-2020
Giro en el juicio Vialiad: testigo clave desmintió "obras inexistentes" y aseguró que el informe Iguacel "tenía errores"
La situación dejó al borde del colapso a la acusación porque desmintió el informe que dio inicio a la causa. Auditor nombrado por el macrismo negó que Báez haya incumplido con las obras
El contador Marcelo Bianchi desestimó el informe del entonces titular de Vialidad, Javier
Iguacel (FOTO)
Un testimonio que era clave para la acusación en el juicio conocido como Vialidad dejó a la acusación al borde del colapso. Un contador de Vialidad aseguró que no era cierto que se había pagado por obras que no se hicieron. “Las obras existían”, afirmó.
El funcionario de Vialidad Nacional que estuvo a cargo de la auditoría interna ordenada por Javier Iguacel sobre las obras en Santa Cruz desmintió los supuestos sobreprecios. Se trata del informe en el que se basó la denuncia contra Cristina Kirchner. “Todas las obras estaban dentro del rango del 20% del presupuesto oficial”, afirmó el contador Marcelo Bianchi. Bajo juramento, dejó asentado el apuro que imprimieron las autoridades macristas para elaborar la auditoría cuando recién había asumido el gobierno de Cambiemos. “Tuvimos quince días. Es muy poco tiempo”, dijo. En una declaración que podría convertirse en bisagra en el juicio por el presunto direccionamiento de las obra pública en favor de Lázaro Báez, el testigo admitió que el informe tuvo errores y que no hubo incumplimientos en los plazos de entrega por parte de la empresa. “Las obras existían”, afirmó.
Bianchi era el testigo que todos querían escuchar. Había sido convocado por todas las partes: la fiscalía, la querella de la Oficina Anticorrupción y casi todas las defensas. La expectativa era alta ya que fue el responsable de la auditoría de la DNV con la que Iguacel inició la denuncia que derivó en este juicio. Los abogados y abogadas de los imputados señalaron desde el primer momento que ese estudio no arrojó irregularidades, a pesar de lo cual el juez y el fiscal de instrucción, Julián Ercolini y Gerardo Pollicita avanzaron con la demanda y lograron llevarla a debate oral.
Luego de casi cinco horas de declaración, el funcionario de carrera de amplia experiencia en la DNV ratificó que dicha auditoría no dio cuenta de sobreprecio alguno y, a través de un recorrido en el territorio, se constató que las obras cuestionadas efectivamente existían, por lo que no era cierto que se había pagado por trabajos que no se habían realizado.
24-11-2020
.......Les voy a contar una historia que empezó en el 2019 y que se parece mucho a una madeja llena de nudos. Debo señalar que en verdad la historia empieza mucho antes, pero formalmente yo la conozco a partir de 2019. Todo empezó un miércoles 6 de febrero de 2019, cuando el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla llevó adelante un allanamiento en el domicilio de un señor que se llama Marcelo D’Alessio. Y con ese allanamiento comenzó a desnudar una descomunal organización paraestatal de inteligencia ilegal. Estaban involucrados en las actividades de esa organización no solo D’Alessio, sino además el fiscal Carlos Stornelli, el periodista Daniel Santoro, agentes y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, funcionarios judiciales de la provincia, abogados y una serie variopinta de personajes que vivían en los márgenes mismos de la ley, además traspasándolos cada dos por tres. Imagino que a mi tía Encarnación no le hubiesen simpatizado semejantes sujetos y a mí, de hecho, tampoco me simpatizan.
El allanamiento concluyo el jueves 7 de febrero de 2019 y ese mismo jueves sucedió algo que sería el inicio del nudo. La entonces diputada nacional Elisa Carrió publicó este tweet:
También contó en televisión que lo publicó porque el jueves 7 de febrero había recibido transcripciones de escuchas a las líneas telefónicas del Penal de Ezeiza, en los pabellones donde estaban detenidos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández. Así lo declara en el programa de Luis Majul del 6 de marzo de 2019 (ver a partir del minuto 19:35). Donde además declara que conoce a quien se lo hizo llegar, pero que no va a revelar la fuente.
La entonces diputada le ratifica a Joaquín Morales Sola el lunes 11 de marzo que las transcripciones las había recibido el día jueves 7 de marzo de 2019. (Ver a partir de minuto 8:17.)
Un día después —viernes 8 de febrero— el fiscal Carlos Stornelli denunció que había recibido un anónimo con las mismas transcripciones que declaró haber recibido Lilita.
Les pido que retengan esta fecha: 7 de febrero de 2019. Es la fecha en que Elisa Avelina Carrió declaró que recibió las transcripciones. ¿Por qué hago hincapié en la fecha recepción de las transcripciones? Porque el 7 de febrero de 2019 las transcripciones estaban en poder de un único organismo del Estado. La AFI. Que era el organismo que hacia las desgrabaciones.
Recién el día 8 de febrero de 2019 la AFI remitiría las escuchas al Juzgado de Lomas de Zamora.
Para que quede claro, el 7 de febrero de 2019 el único organismo que poseía las transcripciones y podía “filtrarlas” era la Agencia Federal de Inteligencia. Y de hecho las filtró. Y Elisa Carrió declaro que conoce la identidad de quien las filtró. Y esperamos que lo declare judicialmente.
En una nota publicada por quien les habla en este Cohete A La Luna, el 10 de marzo de 2019 se había expresado a propósito de las declaraciones de Carrió en el programa de Majul: “Va una aclaración conceptual a la diputada: el secreto de fuentes está protegido constitucionalmente para los periodistas (artículo 43 de la Constitución Nacional: ‘No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística’), pero no para los diputados de la Nación. Los diputados, por el contrario, tienen la obligación de denunciar los delitos que conozcan en virtud del ejercicio de su cargo. (Artículo 177 del Código Procesal Penal.) Y por cierto, dar a conocer escuchas sin la autorización de un juez, aun para mandárselas a la “fiscal de la República”, sigue siendo una violación a la ley de inteligencia (ley 25.520) que establece en su artículo 43 la pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo a quien «con orden judicial y estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones». “O sea que más que cuidar ‘sus fuentes’, que no gozan de protección alguna de orden legal, Carrió debería apurarse a denunciarlas, porque hasta que no lo haga estaría cometiendo el delito de encubrimiento”. Lo dijimos entonces y volvemos a decirlo ahora, cuando tenemos la prueba documental respecto a la dimensión casi terrorífica que tenía la organización estatal de inteligencia ilegal que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri y bajo su amparo.
Voy a señalar lo siguiente: la AFI comenzó a grabar las conversaciones telefónicas de los detenidos en el penal de Ezeiza el 11 de agosto de 2017 y llegan a grabar mas de 553 CDs de escuchas que van desde el CD 1 al CD 538… Cabría preguntarse cuántas escuchas habían remitido al Juzgado desde el 11 de agosto de 2017 en adelante. La respuesta los sorprenderá. CERO. Durante un año y medio la AFI escuchó a los detenidos, sin remitir ninguna de las escuchas al juzgado. Y el 8 de febrero de 2019 se apuró en remitir de golpe un año y medio de escuchas.
Lo hicieron tan a las apuradas en la AFI que se equivocaron, aunque convengamos que tampoco parecen haber sido los espías mas listos del mundo. En las transcripciones que les filtró la AFI a Carrió y a Stornelli, se incorporó una transcripción de una conversación del día 5 de febrero de 2019, que se encuentra registrada en el CD N° 539. Se olvidaron de remitir el CD 539 al juzgado y tuvieron que hacerlo en forma posterior.
¿Por qué el apuro repentino de la AFI en remitir las escuchas al Juzgado? Por qué necesitaban blanquearlas primero —y volveré sobre esto— y porque el 7 de febrero la AFI se las había pasado a Elisa Carrió y Carlos Stornelli y ellos las iban a dar a conocer. De hecho, Stornelli realizó la denuncia la mañana del 8 de febrero de 2019 en base al “anónimo de una admiradora”, que declaró haber recibido en su fiscalía y las diputadas Mariana Zuvic y Paula Olivetto hicieron la denuncia el 8 en la tarde por instrucción de Carrió, según declararon. Ni Zuvic, ni Olivetto ni Carrió acompañaron jamás el contenido del sobre que declararon judicialmente haber recibido.
Esta segunda denuncia, la que hicieron Zuvic y Olivetto, no fue más que una burda maniobra de forum shopping. La denuncia de Stornelli en la mañana había sido sorteada y asignada al juez Rodríguez. Zuvic y Olivetto expresamente solicitaron que se excluyera a Rodríguez del sorteo, atento que se encontraba mencionado.
El juez Martin “Doctrina” Irurzun hizo lugar al pedido de las diputadas y en consecuencia excluyó a al juez Rodríguez del sorteo.
¿Adivinen quién salió sorteado entonces? Si, Claudio Bonadío. Que no solo estaba mencionado, sino que estaba denunciado en la misma causa que Stornelli y D’Alessio, lo cual era público desde varios días atrás a partir de la publicación de la nota de Horacio Verbitsky titulada Extorsión. De hecho Bonadío estaba mencionado por el propio Marcelo D’Alessio en conversaciones con el denunciante, Pedro Etchebest. Detalle no menor que, por cierto, pareció pasársele completamente por alto a Martin “Doctrina” Irurzun.
Un par de meses después, con Alejandro Rúa asumimos la defensa de Roberto Baratta, una de las personas que había sido escuchada en prisión. Comenzamos el arduo trabajo de solicitar la destrucción de las mismas, toda vez que las transcripciones había conversaciones entre Roberto Baratta y quien era su abogado entonces. Comunicaciones que, por cierto, están absolutamente protegidas por la ley y son confidenciales por completo. Debo señalar que no tuvimos los resultados que esperábamos, pero eso es porque a la madeja le faltaban otras hebras, cosa que no sabíamos entonces. La madeja enredada continuaba, aunque según las enseñanzas de mi tía Encarnación, parecía haber llegado el momento de cortar la hebra y luego retomar el ovillado anudándola con otra.
La otra hebra apareció un año después en Lomas de Zamora, donde se comenzaron a investigar maniobras de inteligencia ilegal que no solo involucraban a miembros del gobierno de Macri, sino que los tenían como protagonistas de esas maniobras.
Les dije que las escuchas a los presos del penal necesitaban ser blanqueadas. Ahora sabemos por qué. Porque eran escuchas ilegales.
De la investigación de Lomas de Zamora surgió con toda claridad y así lo manifestaron los fiscales, que lo que estaba la AFI autorizada a desgrabar eran sólo las escuchas de un detenido, que nada tenia que ver con el kirchnerismo. Un señor de nombre Segovia, preso por narcotráfico. La intervención de escuchas a Segovia fue ordenada a pedido de la Agencia Federal de Inteligencia, se identificaron todos los teléfonos a los que el imputado tenía acceso y a raíz de ello se dispuso, con fecha 11 de agosto de 2017, la intervención telefónica de los teléfonos públicos instalados en el interior del pabellón. Las escuchas y transcripción fueron encomendada a la Dirección de Contrainteligencia de la AFI; señalándose que el entonces director de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, Cristian Suriano debía informar los días, horarios y teléfonos utilizados por Segovia, a fin de que luego la AFI sólo escuchase y transcribiese las conversaciones que Segovia mantenía.
Suriano hizo dos cosas. Primero trasladó a Segovia –y la orden de interceptar sus comunicaciones— al pabellón donde se alojaban los ex funcionarios detenidos, pabellón especial denominado Pabellón IRIC, que tuvo inauguración formal con la detención de Amado Boudou y Carlos Zan+nini. Lo segundo fue desconocer la orden judicial de solo interceptar las escuchas de Segovia y proceder a grabar todas las conversaciones telefónicas del Pabellón IRIC, lo cual era ilegal.
No tengo que explicarles que claramente trasladaron a Segovia, solo para poder “trasladar” la orden de interceptación de sus comunicaciones y así intentar teñir de legalidad la maniobra de espionaje sobre los demás detenidos, a la razón mayoritariamente vinculados con la política.
Ya en Lomas de Zamora, los fiscales han establecido que las escuchas a los detenidos en el Pabellón IRIC eran ilegales. Pero déjenme decirles que la hebra de ilegalidades no concluye ahí.
Referí antes que la orden de interceptación de las escuchas de Segovia autorizaba a la Dirección de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia a realizar las transcripciones de esas escuchas. Pero no fue lo que pasó.
Las transcripciones de todas las escuchas –hoy sabemos que ilegales— las hacia otra área de la AFI. Se creó un área de escuchas dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI. Y ellos recibían las escuchas y realizaban las transcripciones.
Los testimonios de los empleados de la Dirección de Contrainteligencia de la AFI en el marco de la causa de Lomas de Zamora dan cuenta del problema interno que significó el blanqueo de esas trascripciones de escuchas ilegales, realizadas en el penal de Ezeiza. Porque formalmente Contrainteligencia no estaba autorizada a escuchar ni a transcribir más que lo correspondiente a Segovia.
Y funcionarios de la AFI bajo el gobierno de Macri necesitaban blanquear esas escuchas para que Carlos Stornelli y Claudio Bonadío intentasen una defensa frente al caso D’Alessio. Y así lo hicieron, filtraron las transcripciones de las escuchas ilegales tanto a Stornelli como a Carrió. Luego enviaron las escuchas al Juzgado que había autorizado las comunicaciones de Segovia para que pasaran por escuchas legales, cuando no lo eran. Tan a las apuradas lo hicieron en la AFI, que se equivocaron incluso en lo que enviaron al juzgado y luego tuvieron que subsanarlo.
La estrategia no sirvió de mucho. Las dos causas, esto es la de la denuncia de Stornelli y las de la denuncia de Zuvic y Olivetto por instrucción de Carrió concluyeron que en dichas transcripciones de escuchas ilegales no se observaba que los detenidos hubiesen participado en maniobra alguna, ni contra Bonadío ni contra Stornelli, que apeló el cierre de la causa, insistiendo en una defensa que a todas luces es inútil.
La causa por maniobras de inteligencia ilegal tiene actualmente procesados a Marcelo D’Alessio y a Carlos Stornelli, junto con varios más. En la causa por apelación de Stornelli sobre las escuchas ilegales, Martin “Doctrina” Irurzun tuvo el buen criterio de apartarse, sobre todo porque también fue víctima de espionaje ilegal por parte de funcionarios de la AFI del gobierno de Macri. Un tanto ingratos los muchachos de la AFI, debo decir para mis adentros, para con el juez que le puso nombre a la doctrina que permitió llenar los pabellones IRIC de presos políticos.
En la causa en Lomas de Zamora se continúa investigando quiénes fueron los responsables de la inteligencia ilegal. Actualmente se están tomando las indagatorias a quienes llevaron las maniobras de espionaje ilegal en los penales y en la AFI, en particular a los responsables de Jurídicos, Juan De Stefano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens.
Ahora sabemos que la inteligencia ilegal se realizó sobre muchas personas, entre ellas Roberto Baratta y Amado Boudou, personas que defendíamos junto con Alejandro Rúa. Incluso nosotros mismos fuimos víctimas de espionaje ilegal, en cuanto abogados defensores.
Como víctimas de la inteligencia ilegal hemos pedido la indagatoria de Carrió, que declaró conocer la fuente de la filtración, para que revele su nombre y permita el avance de la causa. Pedimos la indagatoria como abogados de personas que fueron víctimas del espionaje y también como víctimas nosotros mismos. Carrió dijo conocer la información y debe proporcionarla para que todas las víctimas sigamos desenredado esta madeja oscura y conozcamos a los responsables de espiarnos.
No quiero terminar esta nota sin reconocer al Colegio de Abogados de Capital Federal, que, como órgano de representación de los abogados, nos ha acompañado junto a Alejandro desde que comenzamos a reclamar la destrucción de las escuchas ilegales por violar la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su defendido, que para esta abogada –y ante todo, para la ley— es sagrada. No hay derecho a defensa posible si dichas conversaciones no son confidenciales. Y si no hay derecho a defensa lo que no hay es Estado de Derecho.
También a Alejandro Rúa, que no conoce fatiga y que, sigue incansable y minucioso el rastro de lo que pasó en oscuros expedientes y papeles traspapelados.
Y a mi tía Encarnación, que me sigue enseñando la importancia de saber desenredar una madeja, por oscura que sea.
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