AMBITO
POLÍTICA 14 Diciembre
Por Sofía Caram
Un verdadero tembladeral se produjo en el juicio “Vialidad”. Un auditor de carrera del organismo nacional negó las supuestas irregularidades en las obras de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015 y aportó cifras pormenorizadas para desmentir el pago de sobreprecios, lo que generó un fuerte cruce entre fiscalía y defensas.
Al mismo tiempo, criticó en duros términos la gestión de Javier Iguacel. Bajo juramento, el ingeniero Justo Pastor Romero aseguró que la DNV fue “diezmada” por el macrismo, que abandonó todas las obras de la provincia. “El patrimonio de los argentinos tirado a la basura”, sentenció.
En una de las últimas audiencias del año, la declaración que había sido propuesta por la fiscalía y a la que adhirieron todas las partes generó encendidos cruces entre el representante del Ministerio Público y defensas. Los dichos del testigo quedaron resonando en el Zoom del juicio a Cristina de Kirchner ya que no sólo habló de desvíos de el 0,006%, es decir, nulos, sino que también dijo que era mentira que las obras no existían y afirmó que quienes las abandonaron fueron los funcionarios de Mauricio Macri a partir de 2016. “Para hablar de sobreprecios habría que ver qué pasó con los contratos PPP (participación público privada) cuyos valores eran tres veces más altos” que en la modalidad anterior, se preguntó el declarante.
Experto en determinaciones de precios, con una trayectoria de más de veinte años en el área de auditoría, mediante cifras y cuentas exactas, el testigo hizo un pormenorizado análisis de cómo se llega a los valores de cada kilómetro a construir y demolió la hipótesis del pago de sobreprecios a la empresa Austral. El hecho detonó el enojo del fiscal de juicio Diego Luciani, quien pidió la anulación de ese pasaje de la declaración, que visiblemente comprometía su hipótesis delictiva. Por el contrario, las defensas solicitaron que el análisis de Romero sea sumado al expediente para contrarrestar la cuestionada pericia oficial, que usó índices de la revista “El Constructor” para analizar los costos. “Al fiscal lo que le molesta es el contenido de la respuesta. Al que le interesa realmente la verdad, no interrumpe al testigo. El fiscal habla de parcialidad de un testigo! Se tergiversan todos los principios”, se quejó el defensor Gabriel Palmeiro. Por su parte, el abogado Federico Paruolo recordó que el testigo fue justamente convocado por la fiscalía, lo que descarta que haya sido manipulado por las defensas. Esto “demuestra que el Ministerio Público no está a la altura para llevar adelante este juicio. Acusó sin pruebas a las defensas de haber preparado un testigo. Pidió cercenar una declaración de un debate. Es garrafal. Todo porque no le gusta el testigo”, afirmó por su parte el abogado Mariano Fragueiro Frías.
Presidido por el juez Andrés Basso desde su casa, por haber estado en contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19, el TOF2 definió la controversia entrada la tarde. Tras una hora y media de deliberaciones decidió no hacer lugar al pedido de la fiscalía para cercenar una parte de la testimonial. Al mismo tiempo ordenó incorporar copias de los apuntes con los valores que usó Romero para luego ser contrastados en el expediente, como reclamaron las defensas.
La auditoría de Iguacel
Romero fue uno de los dos profesionales que firmó la auditoría express ordenada por Iguacel a los pocos días de asumir. Al igual que ya declaró su compañero, Martín González Oria, afirmó que sólo les dieron dos semanas para recorrer todas las obras santacruceñas y que por primera vez en la historia de Vialidad se utilizó un informe interno para iniciar una causa judicial. Sus dichos fueron contundentes: “Para nosotros fue un hecho inédito. Sorpresivo. Nuestros informes jamás habían sido utilizados para nutrir una causa judicial. Poco les importó nuestro informe, porque después en ese Distrito no se ha realizado una sola mejora. No escucharon nuestras recomendaciones y las obras fueron abandonadas, con el perjuicio que eso significa para el Estado Nacional”. Según aclaró, “las deficiencias que se advirtieron fueron mínimas” y todas las obras que se habían licitado, existían. “No entiendo cuál fue el razonamiento que hizo el ingeniero en petróleo Iguacel para hacer una denuncia a partir de nuestro informe”, remató. El profesional detalló el nivel de premura y presión ejercido por las nuevas autoridades y dijo que en aquel momento tuvieron miedo de ser despedidos. En total, recorrieron 16 mil km de vuelo y 6 mil km de ruta para observar los 2.200 km donde se habían ejecutado las obras. Todo, en solo dos semanas. “Eran jornadas muy extensas, de hasta dieciséis horas de duración. Fuimos sometidos a una situación difícil para hacer todo eso en quince días. Gattoni nos dijo que teníamos hoteles para alojarnos pero no fue así. Tuvieron que gestionar los compañeros de Santa Cruz para alojarnos en viviendas de Vialidad Provincial. Fue una explotación”.
Al dejar entrever cierto tono de desahogo y una fuerte voluntad de hablar ante el TOF, Romero relató: “Los medios, o el programa del señor Lanata decían que las rutas iban al medio de la nada o no existían. Yo me preguntaba cómo puede ser que habiendo un control interno, integrado por la AGN por la Sigen, que ese sistema haya sido todo alterado. Y cómo mis compañeros o colegas en Santa Cruz no hayan visto semejante cosa. Pensar que esas obras no existían es pensar que todo el sistema público de control había sido vulnerado. Y eso se comprobó que no era así. Se comprobó que las obras existían”. Y agregó que “lo más grave es que estas obras fueron abandonadas” durante el gobierno de Macri. “El patrimonio de los argentinos, miles y miles de pesos tirados a la basura”, se lamentó.
En más de una oportunidad el testigo señaló un desconocimiento en materia de obras viales que denota el andamiaje de la denuncia penal que hizo “el ingeniero en petróleo” (en referencia a Iguacel) y sobre lo que luego avanzaron el juez Julián Ercolini y los ficales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Sobre todo en cuanto a los supuestos sobreprecios.
Un escalón más arriba, el auditor afirmó que el verdadero direccionamiento ocurrió por parte de las autoridades macristas: “auditar una sola provincia fue algo direccionado por las autoridades de entonces. No es así como trabajamos en Vialidad”, sentenció. “Ni siquiera nos preguntaron si queríamos que utilizaran nuestros nombres para hacer una denuncia. El informe no fue utilizado con el propósito de corregir las cosas que estaban mal, sino de hacer una denuncia. Y hoy estas obras ya están alcanzando la condición de ruina de obra”. Al recordar lo sucedido en los últimos años, Romero se lamentó: “a veces me preguntan por una línea que falta pintar, pero el mayor perjuicio para el patrimonio nacional son las obras que fueron abandonadas en 2016 y que cuando se quieran retomar ya no se va a poder”.
Desguace macrista
Pero Romero, en más de siete horas de declaración, fue todavía más allá. No sólo desmintió y rebatió las bases de la acusación y aportó cifras que desmintieron los supuestos sobreprecios, sino que además avanzó en lo que para él fue un “desguace” de Vialidad por parte del macrismo. Cuando fue consultado por la capacidad de control del organismo, Romero respondió sin vacilar: “Vialidad fue diezmada por la gestión de 2016 a 2019, sobre todo respecto del personal técnico”.
Consultoría privada
En otro pasaje de su declaración Romero se refirió al accionar de la gestión del macrismo en Vialidad puntualmente en un caso en el que se contrató a una empresa privada para llevar adelante una auditoría. Según afirmó “se pagaron 400 mil pesos por el trabajo de una consultora privada llamada “Consulbaires”. Sin embargo, según explicó “el trabajo lo hizo Vialidad Nacional, con personal y equipos del organismo mientras que el personal de la empresa privada estaba cruzado de brazos y tomando nota”. Una muestra más de la impronta que le dio el gobierno de Mauricio Macri a todas las áreas del Estado.
